La tragedia que estamos viviendo en Nuevo León, ante la escalada de violencia que ayer nos vuelve a conmocionar con el ataque de los sicarios al Casino Royale, ubicado en el centro de nuestra ciudad capital de Monterrey, provocando 53 muertos y decenas de lesionados, en su mayoría mujeres, ciudadanos indefensos, victimas además de la ineficacia de las autoridades procuradoras de seguridad civil y de justicia de los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal; no debe dar para mas impunidad y esperar que ocurran mas hechos trágicos con un daño mayor para nuevamente solo ser reactivos con esas conmociones que se integran a la perversa satisfacción de las bestias responsables de estos actos de terrorismo delincuentil solapados por otras bestias incapaces de gobernar proporcionando paz y tranquilidad a sus habitantes.
Este evento repudiable me genero grandes sentimientos de enojo, rabia e impotencia, desbordando el llanto y con un solo pensamiento que se dirigía hacia el ya basta, a reflexionar el como podemos acabar con el festín de estas bestias, no sólo las que se identifican con la delincuencia sino con las que desde los diferentes niveles de gobierno, una y otra vez nos muestran su incapacidad e incompetencia no sólo en la prevención de estos actos delictivos, sino además en el afrontamiento consecuente con sus responsabilidades que protestan cumplir en forma denodada, algunos de ellos integrándose a las redes delictivas que ya he señalado en otros artículos y que caracteriza el estado delincuencial en que nos encontramos por un modelo político de gobierno que hasta los corporativos de los empresarios empiezan a exigir que cambie.
Ante las declaraciones hipócritas de los gobernantes y funcionarios de los diferentes gobiernos, con sus estilos de comunicación evasivos, simuladores de la consternación, del sufrimiento, de la solidaridad con las victimas, promotores de la demagogia, ausentes de las realidades vivenciadas por los actores, insensibles a sus demandas por sus crisis vitales; observaba como ninguno era capaz de aceptar algún grado de responsabilidad, cuando menos justificándose en esos errores propios de los humanos en las tareas burocráticas o en el caso mas extremo proponerse actuar en el deslinde de responsabilidades de las instancias involucradas.
Por ejemplo, fue absurdo escuchar que primero el alcalde panista de la ciudad de Monterrey, Fernando Larrazabar expresara no tener responsabilidad en la operación de este negocio ilícito, por que según el la autoridad municipal ya lo había clausurado en el mes de mayo, pero que había sido una autoridad estatal (El tribunal Contencioso de lo Administrativo) que le había ordenado que lo dejara funcionar; cuando al pasar los días este negocio pudo volver a ser clausurado por transgresiones graves a otros reglamentos municipales como el de alcoholes, el de protección civil y el de desarrollo urbano. Luego resulta que al preguntársele ¿quien había autorizado el funcionamiento de este negocio?, se limita a decir que fue en el año del 2007, reservándose el nombre del alcalde anterior, el también panista Adalberto Madero Quiroga, que fue expulsado por ese mismo partido por su comportamiento corrupto en el desempeño de esa función ya que fue en ese periodo de gran proliferación de estos casinos y los giros negros, además de su enriquecimiento inexplicable del cual impunemente goza. De acuerdo con una denuncia hecha en su momento ante las autoridades por Ernesto Cerda Serna y Blanca Rocío Carranza, dirigentes del Convergencia en Nuevo León, los dueños del sitio eran primos del ex presidente municipal; en esa inconformidad señalaron que el centro de diversión era administrado por Cymsa Corporation, en sociedad con Atracciones y Emociones Vallarta SA de CV, a cuyo consejo de administración pertenecen Rodrigo Madero Covarrubias, José Francisco Madero Dávila y Ramón Agustín Madero Dávila, “primos” del ex alcalde Adalberto Madero, lo cual calificaron de “trafico de influencias; desde luego la denuncia no prospero ni hubo consecuencias legales sobre estos actos de delincuencia. Son de los mismos, miembros del regimen del partido (PAN) que ha gobernado este municipio y gobierna espuriamente nuestra patria.
Luego el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina Cruz (del PRI), se refirió ayer a la proliferación de casinos en la entidad y reprochó a Gobernación el desorden con que se manejan esos establecimientos; llamó a la dependencia a poner orden y a deslindar responsabilidades, recordó que inicialmente envió varios escritos al secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, para informarle que el casino Royale, donde murieron 53 personas el jueves, no contaba con autorización federal para continuar abierto. Luego señaló, ante el silencio de Blake, que optó por presentar en mayo pasado una denuncia penal ante la PGR, como si la soberanía del estado no da para aplicar estrategias jurídicas y administrativas para lograr que no funcionen estos negocios; resulta que el Tribunal del Contencioso Administrativo esta integrado por funcionarios recomendados por él y bajo su influencia política.
Este evento repudiable me genero grandes sentimientos de enojo, rabia e impotencia, desbordando el llanto y con un solo pensamiento que se dirigía hacia el ya basta, a reflexionar el como podemos acabar con el festín de estas bestias, no sólo las que se identifican con la delincuencia sino con las que desde los diferentes niveles de gobierno, una y otra vez nos muestran su incapacidad e incompetencia no sólo en la prevención de estos actos delictivos, sino además en el afrontamiento consecuente con sus responsabilidades que protestan cumplir en forma denodada, algunos de ellos integrándose a las redes delictivas que ya he señalado en otros artículos y que caracteriza el estado delincuencial en que nos encontramos por un modelo político de gobierno que hasta los corporativos de los empresarios empiezan a exigir que cambie.
Ante las declaraciones hipócritas de los gobernantes y funcionarios de los diferentes gobiernos, con sus estilos de comunicación evasivos, simuladores de la consternación, del sufrimiento, de la solidaridad con las victimas, promotores de la demagogia, ausentes de las realidades vivenciadas por los actores, insensibles a sus demandas por sus crisis vitales; observaba como ninguno era capaz de aceptar algún grado de responsabilidad, cuando menos justificándose en esos errores propios de los humanos en las tareas burocráticas o en el caso mas extremo proponerse actuar en el deslinde de responsabilidades de las instancias involucradas.
Por ejemplo, fue absurdo escuchar que primero el alcalde panista de la ciudad de Monterrey, Fernando Larrazabar expresara no tener responsabilidad en la operación de este negocio ilícito, por que según el la autoridad municipal ya lo había clausurado en el mes de mayo, pero que había sido una autoridad estatal (El tribunal Contencioso de lo Administrativo) que le había ordenado que lo dejara funcionar; cuando al pasar los días este negocio pudo volver a ser clausurado por transgresiones graves a otros reglamentos municipales como el de alcoholes, el de protección civil y el de desarrollo urbano. Luego resulta que al preguntársele ¿quien había autorizado el funcionamiento de este negocio?, se limita a decir que fue en el año del 2007, reservándose el nombre del alcalde anterior, el también panista Adalberto Madero Quiroga, que fue expulsado por ese mismo partido por su comportamiento corrupto en el desempeño de esa función ya que fue en ese periodo de gran proliferación de estos casinos y los giros negros, además de su enriquecimiento inexplicable del cual impunemente goza. De acuerdo con una denuncia hecha en su momento ante las autoridades por Ernesto Cerda Serna y Blanca Rocío Carranza, dirigentes del Convergencia en Nuevo León, los dueños del sitio eran primos del ex presidente municipal; en esa inconformidad señalaron que el centro de diversión era administrado por Cymsa Corporation, en sociedad con Atracciones y Emociones Vallarta SA de CV, a cuyo consejo de administración pertenecen Rodrigo Madero Covarrubias, José Francisco Madero Dávila y Ramón Agustín Madero Dávila, “primos” del ex alcalde Adalberto Madero, lo cual calificaron de “trafico de influencias; desde luego la denuncia no prospero ni hubo consecuencias legales sobre estos actos de delincuencia. Son de los mismos, miembros del regimen del partido (PAN) que ha gobernado este municipio y gobierna espuriamente nuestra patria.
Luego el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina Cruz (del PRI), se refirió ayer a la proliferación de casinos en la entidad y reprochó a Gobernación el desorden con que se manejan esos establecimientos; llamó a la dependencia a poner orden y a deslindar responsabilidades, recordó que inicialmente envió varios escritos al secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, para informarle que el casino Royale, donde murieron 53 personas el jueves, no contaba con autorización federal para continuar abierto. Luego señaló, ante el silencio de Blake, que optó por presentar en mayo pasado una denuncia penal ante la PGR, como si la soberanía del estado no da para aplicar estrategias jurídicas y administrativas para lograr que no funcionen estos negocios; resulta que el Tribunal del Contencioso Administrativo esta integrado por funcionarios recomendados por él y bajo su influencia política.
Luego el Gobierno Federal, hace de la tragedia su estrategia mediática para seguir lucrando en el marketing de su manipulación de imagen con sus mismas peroratas que defienden la guerra estúpida que los mexicanos no aceptamos y que según ellos les sigue dando resultados que los posicionan como victoriosos en su lucha. De la ilegalidad de los casinos como este, el Casino Róyale, ni dicen nada, Francisco Blake Mora, Secretario de Gobernación, que es la dependencia responsable de aplicar la ley n estos negocios, enmudece, no por el dolor de las victimas de la tragedia sino porqué resulta que fue precisamente esa secretaría que en el 2005, cuando Santiago Creel Miranda era el responsable y autorizo impunemente la última remesa de casinos, que funcionan en México, donde los beneficiarios fueron Emilio Azcárraga, Olegario Vázquez Raña, José María Guardia, Arturo Rojas Carmona, Jesús Héctor Gutiérrez Cortés, Juan Eduardo Mounetou Pérez, Carlos Enrique Abraham Mafud, Raúl Santiago Fernández, Pablo Cortina de la Fuente, Fausto Zerón Medina y Greg Sánchez. Ambos funcionarios y militantes del Partido Acción Nacional que nos gobierna.
Hoy nos enteramos que La diputada Lizbeth García Coronado (PRD), coordinadora del grupo de trabajo de la Cámara que revisa la aplicación de la Ley de Juegos y Sorteos, confirma que en la operación de casinos clandestinos e ilegales persiste la complicidad de funcionarios del gobierno federal surgido del Partido Acción Nacional (PAN), y nos recuerada que desde que Santiago Creel Miranda era secretario de Gobernación en el gobierno de Vicente Fox, se otorgaron cientos de permisos para casas de apuestas; y denuncia ademas una de las estrategias preferidas por estos burocratas para evadir la ley: “la Secretaría de Gobernación no concede los permisos, las empresas solicitan una ampliación de los que ya tienen, y el endeble equipo jurídico de la dependencia no les responde en los 30 días que la obliga la ley. Cumplido el plazo, las empresas recurren al Poder Judicial, que les reconoce la ampliación y les concede el amparo”, declaró.
Frente a lo inédito de la violencia criminal, que cada día rompe sus propias marcas de terror, algunos integrantes del gabinete federal de seguridad habían desestimado la existencia del clima de “terrorismo” o “narcoterrorismo” en estos hechos, sólo atinaban a designarlos como actos cobardes, alevoso, de barbarie, a pesar de que estos hechos criminales son “ataques deliberados contra inocentes, con el fin de sembrar el miedo” que es la esencia en la definición del Terrorismo. No saben que asistimos al intento de sometimiento, por la fuerza, de un ser humano a otro. Y es que en su forma actual, nadie sabe cómo definir la violencia desatada por los carteles criminales contra el Estado mexicano todo y, por tanto, cómo hacerle frente, combatirla e informar como se debe. Con este hecho criminal, al fin han aceptado que son actos terroristas, lo que lamentablemente progresa en un nuevo ambiente de guerra asimétrica que llevara a que los ciudadanos y las fuerzas del Ejército, la Armada y la policía federal a mas situaciones de vulnerabilidad por estos ataques sorpresa.
Todos los días la violencia es mayor, los objetivos civiles, políticos o policíacos son mayores, los muertos inocentes y los periodistas asesinados son más, los muertos rebazan ya los cincuenta y dos mil y existen miles de desaparecidos. ¿Y cual es la respuesta de la PGR, Segob, SSP o las instituciones castrenses? la misma timorata de siempre que desvaloriza la trascendencia de los estos hechos violentos y que se resume en vanagloriarse de los logros en su guerra estúpida que ha militarizado el país.
Sí realmente quisieran acabar con las bestias de la delincuencia, tendrían que acabar con la impunidad que prevalece en el estado, con esas conductas corruptas y autoritarias que corrompen a funcionarios de los diferentes niveles de gobierno, se necesitaría cero tolerancia a esas conductas corruptas, el ejercicio inmediato de la ley, actuar con rigor con los policías, agentes ministeriales, jueces y los despachos favoritos que se articulan al aparato judicial corrompiéndose y traficando influencias, lograr que el sistema judicial y el penitenciario sean garantía para cesar la operación desde los mismos penales de los delincuentes y sus acciones. Se necesitaría además la extinción de dominio de los bienes del crimen, pero no sólo a los que poseen directamente los delincuentes, sino los que conforman realmente la red de lavado a través de las empresas que se prestan a este proceso y así debilitar su poder financiero.
Se necesita en suma el anhelado cambio del modelo político, que logre el desarrollo humano, económico, social y democrático de nuestra patria, que nos han estado obstaculizando los beneficiarios de ese sistema caduco, para que estas bestias logren ser controladas y así lograr la victoria del estado mexicano sobre la delincuencia y estos actos terroristas.
Hoy nos enteramos que La diputada Lizbeth García Coronado (PRD), coordinadora del grupo de trabajo de la Cámara que revisa la aplicación de la Ley de Juegos y Sorteos, confirma que en la operación de casinos clandestinos e ilegales persiste la complicidad de funcionarios del gobierno federal surgido del Partido Acción Nacional (PAN), y nos recuerada que desde que Santiago Creel Miranda era secretario de Gobernación en el gobierno de Vicente Fox, se otorgaron cientos de permisos para casas de apuestas; y denuncia ademas una de las estrategias preferidas por estos burocratas para evadir la ley: “la Secretaría de Gobernación no concede los permisos, las empresas solicitan una ampliación de los que ya tienen, y el endeble equipo jurídico de la dependencia no les responde en los 30 días que la obliga la ley. Cumplido el plazo, las empresas recurren al Poder Judicial, que les reconoce la ampliación y les concede el amparo”, declaró.
Frente a lo inédito de la violencia criminal, que cada día rompe sus propias marcas de terror, algunos integrantes del gabinete federal de seguridad habían desestimado la existencia del clima de “terrorismo” o “narcoterrorismo” en estos hechos, sólo atinaban a designarlos como actos cobardes, alevoso, de barbarie, a pesar de que estos hechos criminales son “ataques deliberados contra inocentes, con el fin de sembrar el miedo” que es la esencia en la definición del Terrorismo. No saben que asistimos al intento de sometimiento, por la fuerza, de un ser humano a otro. Y es que en su forma actual, nadie sabe cómo definir la violencia desatada por los carteles criminales contra el Estado mexicano todo y, por tanto, cómo hacerle frente, combatirla e informar como se debe. Con este hecho criminal, al fin han aceptado que son actos terroristas, lo que lamentablemente progresa en un nuevo ambiente de guerra asimétrica que llevara a que los ciudadanos y las fuerzas del Ejército, la Armada y la policía federal a mas situaciones de vulnerabilidad por estos ataques sorpresa.
Todos los días la violencia es mayor, los objetivos civiles, políticos o policíacos son mayores, los muertos inocentes y los periodistas asesinados son más, los muertos rebazan ya los cincuenta y dos mil y existen miles de desaparecidos. ¿Y cual es la respuesta de la PGR, Segob, SSP o las instituciones castrenses? la misma timorata de siempre que desvaloriza la trascendencia de los estos hechos violentos y que se resume en vanagloriarse de los logros en su guerra estúpida que ha militarizado el país.
Sí realmente quisieran acabar con las bestias de la delincuencia, tendrían que acabar con la impunidad que prevalece en el estado, con esas conductas corruptas y autoritarias que corrompen a funcionarios de los diferentes niveles de gobierno, se necesitaría cero tolerancia a esas conductas corruptas, el ejercicio inmediato de la ley, actuar con rigor con los policías, agentes ministeriales, jueces y los despachos favoritos que se articulan al aparato judicial corrompiéndose y traficando influencias, lograr que el sistema judicial y el penitenciario sean garantía para cesar la operación desde los mismos penales de los delincuentes y sus acciones. Se necesitaría además la extinción de dominio de los bienes del crimen, pero no sólo a los que poseen directamente los delincuentes, sino los que conforman realmente la red de lavado a través de las empresas que se prestan a este proceso y así debilitar su poder financiero.
Se necesita en suma el anhelado cambio del modelo político, que logre el desarrollo humano, económico, social y democrático de nuestra patria, que nos han estado obstaculizando los beneficiarios de ese sistema caduco, para que estas bestias logren ser controladas y así lograr la victoria del estado mexicano sobre la delincuencia y estos actos terroristas.
